¿Quién quiere cargarse el sistema democrático?

06 de junio de 2016 (01:00 CET)

Más allá de la importancia indudable de los graves y reiterados altercados vividos desde hace días en el barcelonés barrio de Gràcia, e incluso más allá de la trascendencia social que tiene que sucesos de esta envergadura se vengan sucediendo desde hace años en diversos barrios de la capital catalana, lo que a mi modo de ver es mucho más alarmante es la actitud de aparente ligereza y pasividad, cuando no ya de pura y simple complicidad, con que los únicos representantes democráticos legítimos de la soberanía popular tratan estos hechos.

Es absolutamente lógico y legítimo que existan formaciones políticas que se definan como antisistema. La CUP nunca ha ocultado que lo es y lo viene demostrando desde hace muchos años. No se trata tan solo de una formación anticapitalista –algo sin duda alguna respetable- sino contraria al mismo sistema democrático imperante en nuestro país desde hace ya cerca de cuarenta años. Un sistema basado en la democracia parlamentaria, que la CUP impugna por completo, aunque lo haga desde dentro del propio sistema, con sus representantes democráticamente elegidos que están presentes en nuestras instituciones públicas, desde un buen número de municipios hasta el mismo Parlamento de Cataluña.

Lo que ya no es lógico ni legítimo es que unas formaciones políticas que se han caracterizado siempre por su defensa de nuestro actual sistema democrático, como la antigua CiU y la actual CDC, al igual que ERC, se sometan dócilmente a las órdenes de la CUP con la excusa de que esta formación antisistema es el único socio que les permite seguir manteniendo su célebre hoja de ruta hacia la independencia.

Porque someterse a las órdenes de la CUP es poner en grave riesgo el sistema democrático, un sistema de convivencia libre y pacífica que tanto nos costó alcanzar. Y porque aceptar estas órdenes de la CUP no solo representan cuestionar la esencia misma del sistema democrático, basado siempre en el respeto estricto a las normas emanadas del Estado de derecho, sino que comporta también desobedecer las leyes y normativas emanadas de la Unión Europea e incluso del derecho internacional.

El acuerdo alcanzado por Junts pel Sí y la CUP, que obligó a Artur Mas a renunciar a la presidencia de la Generalitat y a poner en su lugar a Carles Puigdemont, fue un claro error estratégico y táctico. Un error basado en la incapacidad de la coalición formada por CDC y ERC de asumir que, a pesar de ganar con claridad las últimas elecciones autonómicas, el independentismo en su conjunto perdió el plebiscito planteado.

Todo lo que viene sucediendo desde entonces se deriva de aquel error. Sometidos permanentemente al chantaje de la CUP, sin cuyo apoyo parlamentario el actual gobierno de la Generalitat caería, Junts pel Sí sobrevive apenas con graves tensiones internas, con la pérdida constante de votaciones parlamentarias –más de 60 hasta ahora- y con el desconcierto y la desilusión cada vez más extendida entre las filas de los militantes y votantes de las dos formaciones independentistas.

La CUP sigue siendo coherente. A nadie ha engañado ni engaña. Junts pel Sí sabían perfectamente con quién pactaban, a qué tipo de exigencias se iban a someter, a qué tipo de condiciones se iban a ver obligados a aceptar… Pero todo tiene un límite y ya hemos llegado a él. Todavía están a tiempo de rectificar. Se trata simplemente de reconocer que el objetivo de la independencia por la vía rápida no es ni será posible.

Ahora se impone dejar de acelerar como exige la CUP y buscar otro tipo de apoyos parlamentarios que, ya sea mediante un posible pacto de estabilidad o a través simplemente de la abstención, permitan que el gobierno de la Generalitat se dedique a gobernar, esto es a intentar resolver los graves problemas económicos, sociales, financieros, institucionales y de todo tipo que Cataluña tiene planteados.

Este cambio de rumbo, tan imprescindible como urgente, permitiría también defender con toda la firmeza y energía necesaria nuestro sistema democrático, con pleno respeto al Estado de derecho. Si fuese preciso, haciendo el uso legítimo de la fuerza contra aquellos que pretenden acabar con este sistema democrático de convivencia libre y pacífica.

Porque, y permítame el lector una provocación final, ¿qué reacción política, policial y ciudadana tendrían los reiterados actos de vandalismo padecidos en Barcelona si los hubiesen realizado otro tipo de sujetos antisistema, por ejemplo fascistas o neonazis? ¿O es que para algunos ahora el fin justifica los medios?