No van a parar la movilización del 6-F

04 de febrero de 2017 (05:00 CET)

El presidente de Port de Barcelona, Sixte Cambra, se enteró del inicio del registro de su despacho que tuvo lugar este jueves por la prensa: "Mientras los diarios decían que estaba detenido, yo estaba sentado en mi despacho". Cambra también se sorprendió y se indignó al enterarse de la llegada de los agentes policiales por la prensa incluso antes de que irrumpiesen en la sede de la autoridad portuaria. ¡Rarito, rarito, la verdad!

El registro empezó a las 9:30 de la mañana y acabó a las 21:30. ¿Doce horas para registrar un solo despacho? ¡Madre mía, ni que este señor tuviese un remanso de mayor dimensión que el Palacio de Oriente! Huele mal, esta operación huele muy mal y no precisamente porque el señor Cambra y los otros implicados estén escondiendo bajo la alfombra de sus despachos documentación comprometedora.

Pensándolo un poco, el batiburrillo informativo de esta operación está destinado a crear confusión y lanzar carros de mierda contra personas y tendencias políticas. No es posible negar que la financiación de los partidos políticos haya desgarrado la credibilidad democrática del sistema, pero de ahí a dar credibilidad al montaje político-judicial de esta semana hay un trecho.

Además, la prensa dio por hecho que Cambra estaba detenido, cuando cualquiera que haya padecido un registro sabe que eso no es verdad. Cambra estaba en situación de detención técnica, lo que quiere decir que debía estar presente mientras si efectuaba el registro de su despacho y que cuando este acabara se podría ir, si es que el juez no ordenaba lo contrario. Pero en las portadas del día siguiente, la fotografía de Cambra salía al lado de la de quienes sí durmieron en comisaría.

En fin, que el próximo lunes empieza la causa contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega y como ya es habitual, el Estado monta un espectáculo sobre pesquisas que lleva tiempo realizando, porque algunos de los detenidos el pasado jueves ya habían pasado por los juzgados por las mismas razones. De lo que se trata es de recordar al gran público que Artur Mas es el jefe de la mafia convergente que, por extensión, se extiende a todos los catalanes.

La tentación de quienes aborrecen a Mas y lo que él representa es caer en la trampa legal y abonar los montajes de un Estado cada día más decadente y antidemocrático.

¿Quién se va a creer que entre 2011 y 2015 los de CDC eran tan imbéciles como para repetir el esquema de financiación ilegal que salió a la luz en octubre de 2009 con el caso Millet? Además, mucha gente sabe que Antoni Vives tenía muy mala relación con su partido desde su destitución como director de la Fundación Trias Fargas en 2007. Cuesta creer que él fuese el vehículo para financiar al partido y, menos aún, a través de la Fundación que substituyó a la que él dirigía. Cuando no hay saber, si sólo hay un conocimiento superficial y fragmentario de la realidad, o falso y equivocado, o inane y vacío, o insignificante e irrelevante…, lo que hay es desinformación.

Cuando esa desinformación se busca adrede, cuando hay una intención clara de engañar por parte de los promotores y realizadores de la información, y no se produce una resistencia crítica por parte de los ciudadanos, entonces estamos ante una manipulación.

Llevamos años con eso y existen algunos partidos que se aprovechan de ello sin que, de momento, se haya probado nada, que es lo que importa, exceptuando lo que conocemos sobre estafas y evasión de impuestos a través de las confesiones de Félix Millet y Jordi Pujol, quien desencadenó el mayor escándalo de los últimos tiempos para proteger a su numerosa prole.

Las entradas y salidas de los Pujol de los juzgados abona la tesis del país mafia que tanto gusta en Madrid y a algunos sectores de la izquierda oficial catalana, sin darse cuenta, por ejemplo, de que en diciembre de 2015 Jaume Collboni fue imputado en la pieza 29 del caso Mercuri por tráfico de influencias y al final Gerardo Pisarello, su aliado municipal, se comió ese "seremos implacables" con el PSC porque los comunes le necesitaban para gobernar.

El pasado jueves por la tarde, Collboni se sentó al lado de la alcaldesa Colau, cuya victoria electoral fue precedida, por cierto, por las informaciones falsas contra el alcalde Xavier Trias sobre sus supuestas cuentas en Suiza, para valorar lo que estaba pasando en las empresas vinculas con el Ayuntamiento de Barcelona y el famoso 3% con un desparpajo que deba qué pensar.

Un poco de escepticismo ante el montaje policial le hubiese venido muy bien al edil socialista. Hubiese sido justo incluso consigo mismo, en especial porque las detenciones las ordenó la Fiscalía General del Estado, aunque el juez número 1 de El Vendrell no supiese nada, con el argumento de que no se destruyeran pruebas y estudiar si se piden medidas cautelares. La defensa de la democracia debería estar por encima de las miserias partidistas cuando los fiscales actúan teledirigidos.

El Estado repite una y otra vez el mismo esquema para debilitar la movilización soberanista. Primero fue Mas, luego Trias y ahora esto, que sin embargo es una repetición de lo que ya sabíamos desde el verano de 2015 pero con mucho más espectáculo.

Hoy, la mayoría de los ocho detenidos en la Operación Pika ya están en sus casas y estoy seguro de que el lunes por la mañana las calles cercanas al TSJC estarán a rebosar.

A Artur Mas y a los miembros de su gobierno les van a juzgar por haber puesto las urnas el 9-N a disposición del pueblo catalán ante la impotencia del Estado, y no porque sean miembros de un partido o de otro. Eso da igual, porque el 9-N fue la más alta manifestación popular de que la independencia ya está en la mente de muchas personas y eso no lo va a cambiar nadie. Ni la Guardia Civil.