Carles Puigdemont defiende una operación de estado para poder convocar un referéndum.

Diálogo sin trampas

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El Gobierno de Rajoy invita a Puigdemont a exponer su hoja de ruta en las Cortes. Pero el presidente catalán no seguirá los pasos de Juan José Ibarretxe

Agustí Colomines

Carles Puigdemont defiende una operación de estado para poder convocar un referéndum.

Barcelona, 20 de mayo de 2017 (09:55 CET)

El Gobierno de Mariano Rajoy invita al presidente Carles Puigdemont a debatir su propuesta de referéndum en Cataluña en las Cortes Generales. Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este tipo de cuestiones han de ser dialogadas en las Cortes, al ser éste el “cauce democrático” donde se pueden debatir y considerar entre todos los actores políticos.

¡Fantástico! Nunca es tarde cuando la dicha es buena, aunque Francesc Homs, hoy condenado y desprendido de su acta de diputado por la consulta del 9-N, y Xavier Domènech, tiempo atrás ya reclamaron una comisión para debatir en el Congreso de los Diputados sobre el futuro de Cataluña y el PP votó en contra.

Antes de entrar en otro tipo de consideraciones, permítanme una primera pregunta. ¿Por qué las Cortes son un buen cauce para debatir sobre un posible referéndum y, en cambio, si la mesa del Parlamento de Cataluña permite que se debata sobre lo mismo el Estado y su fiscalía persigue judicialmente a sus miembros? Me resulta difícil de entender que en Madrid no sea un delito y que sí lo sea en Barcelona. Estamos hablando de política y no de un mero tecnicismo, ¿verdad? Y es que el fundamentalismo constitucionalista de conservadores, socialistas y liberal-nacionalistas españoles ha convertido España en una prisión para encerrar a quien no piense como ellos.

Afirma Sáenz de Santamaría que el Gobierno no puede negociar un referéndum de autodeterminación porque la Constitución no lo permite y también ha indicado que lo que sí permite el ordenamiento es que se pueda hablar de todo “ante los legítimos representantes de los españoles”. Si el Parlamento de Cataluña es el legítimo representante de los catalanes, porque esa es la esencia de cualquier parlamento elegido democráticamente, con urnas de verdad, compradas con dinero público, ¿por qué no se respeta la inviolabilidad parlamentaria?. Si el Gobierno de España quiere que el legítimo representante de los catalanes vaya a debatir con los grupos parlamentarios en Madrid, lo primero que debería hacer es abandonar la acusación contra la mesa del parlamento catalán. La buena voluntad se demuestra andando.

El fundamentalismo constitucionalista ha convertido España en una prisión para encerrar a quien no piense como ellos.

Dicho esto, veamos qué es lo que pretende Mariano Rajoy con su oferta. Para justificar la invitación al presidente Puigdemont para que hable ante el Congreso, el Gobierno ha recordado el debate de 2005 del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe con los grupos parlamentarios para defender su plan soberanista en el País Vasco. Si se trata de reproducir aquel diálogo de besugos para acabar como entonces, que fue votar en contra de la propuesta y quedarse tan panchos, la verdad es que no vale la pena que el MHP Puigdemont se tome la molestia de participar en una patochada tan poco productiva.

Por el contrario, si de lo que se trata es de que el “representante legítimo de las catalanas y catalanes”, quien además es el jefe de filas de la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, exponga ante los diputados cuáles son sus argumentos y estos se pronuncien sobre cómo debe afrontarse la negociación para que el pueblo catalán pueda decidir su futuro en las urnas, entonces vale la pena acudir a la cita. Esa sería una excelente oportunidad para que “los legítimos representantes de los españoles” demostrasen que son demócratas de verdad y votasen una reforma exprés de la Constitución para solventar el escollo de que “un referéndum no puede ser negociado”. Si, como afirma Sáenz de Santamaría, “en nuestro ordenamiento constitucional todo puede modificarse, eso sí, con el procedimiento que establece el ordenamiento”, pues lo más lógico es empezar por ahí.

Las Cortes podrían instar que Rajoy deje de hostigar a todo el mundo que no piensa como él

No se trata, claro está, de que nadie convenza al Gobierno y a sus aliados sobre las bondades de la independencia de Cataluña. Sólo es necesario que las Cortes voten esa reforma constitucional exprés y tomen el acuerdo de iniciar las conversaciones con el Gobierno de la Generalitat. No estaría de más, ya puestos, que las Cortes instasen a Mariano Rajoy para que rehabilite a los políticos soberanistas catalanes y deje de hostigar a todo el mundo que no piensa como él y los unionistas. Sería un gesto de buena voluntad que amansaría el ambiente volcánico que caracteriza las relaciones entre los dos gobiernos.

Si esa es la cuestión, da igual que ningún miembro del Gobierno acuda a la conferencia del presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva el próximo lunes en dependencias del Ayuntamiento de Madrid. Nadie está obligado a seguir las normas de cortesía propias de la buena educación. Lo raro es demandar diálogo y al mismo tiempo que el PP haya organizado un acto (por cierto, fallido) contra la presencia en Madrid del Gobierno catalán. ¿En qué quedamos? Como escribió Julio Camba, el alma española es a menudo una mezcla, generada por Torquemada y Teresa de Jesús, de esa España del gobernante de fusil y vergajo.

Démosles, de momento, una oportunidad al PP y a sus aliados patrioteros aunque “tienda con orgullo la mano pedigüeña”, volviendo a Camba. Pero que el PP y sus aliados socialistas y liberal-nacionalistas tengan muy claro que Puigdemont no es Ibarretxe ni Junts pel Sí el PNV. Nadie va a caer en la trampa, ni habrá traidores.