El ministro de Justicia Rafael Catalá y el presidente Mariano Rajoy en el Congreso. EFE-Ballesteros

Rajoy, Catalá y el trumpiano fiscal Moix

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Rajoy se cuida de nombrar a ministros y fiscales que sean de su confianza para frenar casos de corrupción, como ha hecho con Rafael Catalá y Manuel Moix

Carlos Lareau

El ministro de Justicia Rafael Catalá y el presidente Mariano Rajoy en el Congreso. EFE-Ballesteros

Barcelona, 13 de mayo de 2017 (20:55 CET)

El fulminante cese del director del FBI tiene toda la apariencia de un cover up; un intento de Donald Trump de desbaratar la investigación de la conexión rusa que amenaza su presidencia. En España se desarrolla una situación igualmente trumpiana en torno al fiscal Manuel Moix con un trasfondo similar: el asedio al Gobierno a cuenta de la corrupción. A orillas del Potomac y del Manzanares, el tufo del encubrimiento flota sobre el perfume de la primavera.

James Comey contribuyó en 2016 a la victoria republicana con su manejo de los emails de Hillary Clinton. Si entonces mereció los elogios del Trump candidato, para el Trump presidente es “un exhibicionista y un fanfarrón”. Pero se le adivina el miedo. Comey testifica el martes ante el Senado. En un tuit inaudito, Trump le ha advertido con poco veladas amenazas para que cuide lo que dice. La comparación con Richard Nixon es inevitable en este Russiagate. Han pasado mas de 40 años, pero nadie olvida que Nixon tuvo que dimitir horas antes de que el Congreso decidiera su impeachment (destitución).

Los males que aquejan al Partido Popular no son consecuencia de oscuros manejos con un agente exterior. Tampoco del desgaste derivado de cinco años en el poder; y menos ahora, que mejora la economía. Su problema son los desmanes que destapa un FBI castizo, pero igual de eficaz –la UCO de la Guardia Civil—, que desmienten a Mariano Rajoy cuando decía que la corrupción —“eso sobre lo que usted me pregunta”— es cosa del pasado.

Los problemas del PP son los desmanes que destapa el FBI castizo, la UCO de la Guardia Civil

Trump es impaciente, tan arrogante como ignorante y actúa y sin medir las consecuencias. Rajoy, en cambio, no levanta la voz y ha hecho de la procrastinación y la paciencia su método de actuación. Si Trump quiere acabar con la investigación cortando la cabeza del principal investigador, Rajoy cree que lo sensato –ese concepto central del ideario marianista— es controlar el recorrido judicial de los casos de corrupción. Para eso nombró Ministro de Justicia a Rafael Catalá.

Rafael Catalá Polo es todo lo que su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón no supo ser. Y le ha dado al presidente –al menos hasta ahora— todo lo que Gallardón supo dar: resultados sin ruido. Catalá –“Rafa” para los colegas que la UCO espiaba por orden judicial— es el paradigma de funcionario nivel 30, miembro del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Durante tres décadas, ha recorrido diferentes ministerios, siempre en puestos secundarios del escalafón, a la sombra de un jefe al que ha ayudado a triunfar.

Su oportunidad se la dio en 2014 la entonces ministra de Fomento Ana Pastor, de quien era secretario de estado y número dos. Ella le recomendó a su paisano Rajoy cuando Gallardón consumió su cupo de polémicas: matrimonio gay, tasas judiciales, reforma de la ley del aborto... El presidente rompió con la costumbre de poner un jurista al frente de Justicia –demasiado corporativismo y, encima, todos quieren dejar su impronta en el Aranzadi— y buscó a alguien que ejecutara sin vacilación la estrategia del Gobierno: Fiscalía bajo control.

Rafael Catalá ha recorrido diferentes ministerios durante tres décadas, siempre a la sombra de un jefe al que ha ayudado a triunfar.

El ministro se ha aplicado en reformar la cúpula fiscal. La conservadora Consuelo Madrigal no le inspiró suficiente confianza y la sustituyó por Manuel Maza, un magistrado del Supremo –no un fiscal— que demostró la pasada semana en el Congreso una pasmosa capacidad para desafiar la credulidad de sus señorías con una versión surrealista de los últimos acontecimientos y una colorista interpretación de las escuchas policiales de la Operación Lezo.

Pero la auténtica revelación es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. Su historial sugería un manifiesto sesgo conservador (no imputó a Esperanza Aguirre por su fuga automovilística, pero tuvo gran celo en procesar a los manifestantes del 15-M) y fue elegido por encima de otros cinco fiscales con las credenciales en Anticorrupción de las que él carece.

Rajoy buscó a alguien que ejecutara sin vacilación la estrategia del Gobierno:Fiscalía bajo control.

Fiel a las expectativas, nada más llegar, ordenó una purga de fiscales y tomó –o ha intentado tomar— decisiones que cualquier malpensado juraría pretenden beneficiar a imputados del PP. El escándalo por la sustitución del fiscal del caso Murcia solo lo ha tapado el estruendo de las escuchas policiales en las que ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, celebra que Moix –“un tío cojonudo”—vaya a ser nombrado por “Rafa” como próximo fiscal anticorrupción.

Moix no rehúye los micrófonos. Al contrario, es hablador, aunque un tanto olvidadizo. Y quizá espera que a la audiencia le aqueje una desmemoria similar. Trató de impedir registros del caso de González y del saqueo, presunto, claro, del Canal de Isabel II (no, no fue así…) y quiso retirar al fiscal de la causa (el mismo me lo había solicitado).

Los perfiles del corrupto y del prevaricador reflejan el afán prevalente de cada época. El tándem extorsionador formado por el juez Pascual Estevill y el letrado Joan Piqué Vidal florecieron en la cleptocracia de los Pujol-Ferrusola, de la Rosa, Alavedra y Prenafeta. Por su parte, Javier Gómez de Liaño intentó liquidar al Grupo PRISA y al diario El País procesando a Polanco y Cebrián en medio del arrebato vengador del recién investido José María Aznar y su sicario Miguel Ángel Rodríguez, comúnmente llamado MAR.

Estevill acabó en el trullo; Liaño fue expulsado de judicatura, aunque luego Aznar le indultó; ahora defiende a Luis Bárcenas, convertido en némesis interno y privativo del partido popular. Y MAR, fiel a su acrónimo, sube y baja como la marea por los platós de las TVs más reaccionarias cultivando su reputación brutalista mediante la incontinencia verbal

Esta última hornada de servidores públicos que ejercen un uso patrimonial del poder es diferente. Aznar, Rodríguez y la malograda Esperanza Aguirre –que a la tercera no podido escapar de la ponzoña que ha prosperado a su alrededor— fueron el Tea Party español, la derecha dura, ideológica y orgullosa de serlo in your face! Rajoy quiere un PP menos estridente, un conservadurismo tranquilo y pequeño-burgués. Pero ese PP pinturero, de palmada en la espalda y de “macho, quedamos para comer” sigue gozando de buena salud. José Antonio Nieto, secretario de estado de seguridad, es un espécimen típico.

Nieto fue llamado ante la Comisión de Interior del Congreso a explicar si fue él quien avisó de la inminente detención del ex presidente madrileño en un reunión con su hermano, Pablo González. Allí le salieron las maneras de señorito a quien impacienta hablar con el servicio. Reñir a los diputados y a la prensa se ha hecho común en el PP y otros partidos. Y evidencia el sistemático olvido de que el Parlamento representa a la ciudadanía. Y los periodistas al derecho de ésta a que se les informe de lo que los políticos preferirían ocultar.

Rajoy ha puesto a Catalá; Catalá a Maza y Maza a Moix. Una triada que parece empeñada en perseguir la corrupción mirando en la dirección opuesta

Moix conecta con trumpismo, un sistema que permite se proclamar como cierta cualquier falsedad y, además, cambiarla de un día para otro. Es un universo paralelo en que se confía una función al acólito más fiel sin que importar su capacidad. Trump, por ejemplo, puso al frente del la Agencia de Medioambiente a Scott Pruitt, un abogado que ha hecho carrera negando el cambio climático. Rajoy ha puesto a Catalá; Catalá a Maza y Maza a Moix. Una triada que parece empeñada en perseguir la corrupción mirando en la dirección opuesta.

James Comey tiene cita en el Senado para relatar su defenestración y dar cuenta del estado en que queda la investigación del Russiagate. Al ministro Catalá también le ha citado el Congreso para enfrentar –por vez primera en la historia de la democracia—a una moción de reprobación que la matemática parlamentaria podría aprobar.

Trump va acumulando puntos para que su desprecio a los checks & balances acaben desatando una crisis constitucional. En España, Rajoy confía que esta tormenta pase como las anteriores sin dejar secuelas irreparables. ¿Hasta cuando? Buena pregunta.