¿Quiebra de Cataluña, o problemón para el Reino de España?  

17 de marzo de 2016 (23:00 CET)

La Generalitat de Cataluña está muy endeudada. Es cierto. En porcentaje sobre su PIB alcanza el 32,7%. Otras autonomías tienen una relación peor. La Comunitat Valenciana presenta un 38,4% de deuda sobre su PIB. Y Castilla-La Mancha el 35,3%. Son comunidades que han sido gobernadas por distintos gobiernos. Cataluña ha llegado a ese porcentaje, pasando los 70.000 millones de euros de deuda, bajo un Ejecutivo de CiU, con Artur Mas, y ahora con uno de Junts pel Sí.

Antes, gobernó el tripartido de izquierdas que encabezaba el PSC. La deuda, sin embargo, se ha acelerado en los últimos siete años, coincidiendo con la crisis económica. En Valencia ha gobernado el PP, y en Castilla-La Mancha el PSOE, y en los últimos años el PP. Todas tienen un problema serio, y es que no reciben una financiación acorde con los servicios que prestan.

Otra cosa, no menor, es que algunas hayan gestionado mal. En Cataluña se deben cuestionar no únicamente los gastos dedicados a la causa independentista, sino inversiones dudosas o apuestas por hospitales que, tal vez, no eran necesarios. Eso sin contar con tres grandes obras de enormes dimensiones aprobadas en el último gobierno de Jordi Pujol, a finales de 2003: la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 del Metro, y el Canal Segarra Garrigues. Las cosas se deben recordar. Y también es cierto que en sólo dos años, con el inicio de la crisis económica, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), producto de la burbuja inmobiliaria, cayó en 3.000 millones. Tener esos ingresos o no tenerlos supone una diferencia.

Con todos esos matices, si se observan otras comunidades se aprecian enormes distancias. El País Vasco sólo tiene un 14,1% de deuda sobre su PIB. Goza del concierto económico. Y Madrid sólo presenta el 12,6%. Los expertos señalan que la Comunidad de Madrid se beneficia de las inversiones del Estado, que son de todos, pero se concentran en Madrid, con lo que el gobierno autonómico se ve liberado. En cualquier caso, también es importante la gestión que ha realizado el gobierno del PP, más decantado hacia posiciones liberales.

Ahora, la Generalitat de Cataluña trata de negociar con el Gobierno en funciones del PP. El conseller de Economia, Oriol Junqueras, busca con el ministro Cristóbal Montoro un acuerdo que le proporcione liquidez, para superar las "tensiones de tesorería", es decir, la falta de dinero para pagar los gastos corrientes.

Es lógico que el Gobierno central trate de arreglar la situación. No es un problema de Cataluña, que también, sino fundamentalmente del Reino de España, que se financia en los mercados internacionales. Se puede y se debe cargar contra las autonomías –hay razones si la gestión no es correcta-- pero no se puede señalar que quebrarán. Cataluña no entrará en quiebra, porque no es un estado. Es el Reino de España el que puede tener un problema grande si determinadas autonomías, con un peso específico en la economía conjunta de España, no pueden pagar sus gastos del día a día, o el salario a sus funcionarios.

Junqueras ha visto esa fisura, aunque lo haya querido tergiversar en su favor. El conseller de Economia se equivocó, cuando, en una entrevista en The Financial Times, jugó con la posibilidad de que los acreedores de la deuda española pudieran presionar a favor de la independencia de Cataluña, porque tras el reparto de la deuda entre España y un supuesto país catalán independiente, pudieran preferir dos interlocutores a uno "no fiable".

Pero si a Junqueras se le debe reclamar lealtad institucional, al Gobierno central también. Otra cosa es el futuro que se le quiede dar a las autonomías, si podrán o no financiarse de nuevo en los mercados internacionales. Y eso es lo que estará en juego con el próximo Ejecutivo, que se sigue negociando.