Jordi García-Soler

El movimiento independentista ha dejado de lado la fórmula de la Comuna para lograr un estado propio.
El movimiento independentista ha dejado de lado la fórmula de la Comuna para lograr un estado propio.

21 de marzo de 2017 (20:45 CET)

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firmaba un artículo en El País con su vicepresidente, Oriol Junqueras, en el que ambos reclamaban una vez más la apertura de un diálogo político con el Estado español –esto es, no solo con el actual Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy sino también con el conjunto de las grandes fuerzas políticas españolas y tal vez con la Corona como árbitro- con la exigencia innegociable de acordar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Por las mismas fechas, el ya cesante presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, se despedía del cargo declarando que el problema que se plantea desde Cataluña no puede ser resuelto judicialmente, ni tan siquiera por el Alto Tribunal que ha presidido estos últimos años, sino desde el diálogo político.

Nada más cierto. No obstante, para que exista un diálogo político de verdad no pueden existir condiciones previas innegociables. Menos aún se pueden plantear condiciones manifiestamente ilegales. Hoy en día, con la vigente Constitución española de 1978, un referéndum de autodeterminación de cualquier comunidad autónoma es ilegal; solo podría ser legal si viniese avalado por una reforma constitucional que contemplase esta posibilidad, algo no reconocido en ninguno de los textos constitucionales de nuestro entorno y explícitamente prohibido en todos ellos, como han resaltado de forma muy reciente en Italia y en Alemania sus equivalentes a tribunales constitucionales. Incluso en el Reino Unido, ahora el Gobierno conservador presidido por Theresa May cuestiona la posibilidad de un acuerdo con Escocia para la celebración de un nuevo referéndum de independencia.

No puede haber diálogo con condiciones previas innegociables ni con amenazas

Tal vez por todo ello, mientras Puigdemont y Junqueras reclaman el diálogo político al mismo tiempo que en secreto y con urgencia preparan una inane ley de supuesta transitoriedad jurídica y unas no menos supuestas estructuras de Estado incluso antes de que la ciudadanía catalana pueda manifestarse al respecto, la autollamada Asamblea Nacional Catalana estudia una nueva hoja de ruta de tintes inequívocamente insurreccionales.

Se trata de una nueva vía hacia la independencia que pasaría, por ejemplo, no ya por mantener durante todo el tiempo que fuese necesario grandes movilizaciones populares en calles y plazas de toda Cataluña sino también por controlar algunas “estructuras de Estado” y determinados centros o enclaves estratégicos –entre otros, las radiotelevisiones públicas catalanas-, enfrentarse si fuese necesario a las “fuerzas de ocupación” y otras acciones similares, todas ellas de carácter insurreccional o sedicioso.

Se puede poner en peligro la convivencia libre, democrática y pacífica

Desde que se conoció esta nueva hoja de ruta estudiada por la llamada Asamblea Nacional Catalana, al menos que yo sepa, no se ha alzado ninguna voz cualificada en el movimiento secesionista catalán que se haya manifestado de forma pública en contra, que se haya atrevido a descalificar con rotundidad esta nueva vía insurreccional, que no solo está en abierta contradicción con las normas más elementales de un Estado de derecho sino que puede comprometer de forma muy seria, y tal vez irreversible, la convivencia libre, democrática y pacífica del conjunto de la que la sociedad catalana por fortuna goza desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país.

El diálogo político no solo es necesario; es imprescindible y urgente. Algunos venimos reclamándolo a unos y otros desde hace años, sin que nadie nos haya hecho el más mínimo caso. Pero no puede haber diálogo político con condiciones previas innegociables. Mucho menos aún bajo amenazas insurreccionales o sediciosas.