Las razones políticas del déficit público

03 de abril de 2016 (01:00 CET)

La semana pasada conocimos el déficit público de las administraciones españolas en el 2015: un 5,16%, una cifra lejos del objetivo marcado por Bruselas y, sobre todo, lejos, muy lejos, del 4,5% que el propio Gobierno había adelantado apenas un mes antes.

Que el Gobierno mintiera o se equivocara es intrascendente a estas alturas. Es mucho más importante el uso electoral que sobre un tema tan básico de gestión pública siguen haciendo los actores de la política española, estén en el gobierno de la nación como en el caso del PP o preparándose para acceder a él como hacen en estos momentos los otros partidos.

El déficit público parece incrustado en el ADN de nuestra clase política y no parece que haya manera de acabar con esa costumbre tan extendida de gastar más de lo que se tiene. Salvo unos escasos años de extraordinario crecimiento económico, un déficit excesivo es ya una rutina en la liquidación presupuestaria nacional.

Da lo mismo que estemos en un período de crecimiento, como es el caso, o en un momento de recesión. Los presupuestos del 2015 contemplaban un déficit del 4,2% con un petróleo a 100 dólares y un aumento del empleo del 1,5%. El empleo ha crecido al 3%, el petróleo ha estado en los 30 $, Draghi ha comprado deuda pública por valor de 60.000 millones de euros, con la rebaja en el pago de intereses que ello significa y el déficit se ha quedado en el… 5,16%.

¿Por qué? Si no queremos enfangarnos en las razones con las que el ministro Montoro ha querido justificar su fracaso –la culpa es de las comunidades autónomas-, que han provocado con razón un terremoto político, deberemos buscar otros horizontes para explicar esa persistencia en el desajuste presupuestario tan repetido en la administración española.

De entrada, no conviene descartar las explicaciones sicológicas. La clase política española es indisciplinada, poco rigurosa y se siente, además, escasamente interpelada a la hora de rendir cuentas. Los gritos de la oposición de turno no cuentan, porque ya están descontados desde el primer momento.

Pero más allá de ese carácter indolente en el control de la gestión, en general los políticos españoles son presos de una cultura que hace muy difícil el cumplimiento presupuestario. Algunos ejemplos:

El Estado español es un estado caro, muy caro, y sus diecisiete autonomías suponen un alto coste. Sin cuestionar derechos ni identidades históricas, que no viene ahora a cuento, la descentralización en España ha provocado la creación de auténticos virreinatos, en los que la pulsión clientelar ha podido siempre a la voluntad de eficacia. Sobran organismos con funciones duplicadas, sobran cargos, sólo justificados en muchos casos en la necesidad de dar salida profesional a amigos y correligionarios con cargo a las cuentas públicas, sobran demasiadas prebendas y oropeles.

Falta en España una profunda reforma de la función pública que incremente la productividad de nuestros funcionarios, y aquí las autonomías tampoco han sido más hábiles que la administración central de la que nacieron. Y no se ha hecho una reforma de la función pública que se reclama desde hace al menos 30 años porque los políticos españoles son cortoplacistas y anteponen con demasiada frecuencia sus necesidades a la del país.

Falta un auténtica reforma fiscal que acabe con el exceso volumen de economía sumergida, uno de los más altos de la OCDE, y ante el que nuestros políticos se han revelado una y otra vez impotentes. No sobra estado de bienestar, falta una administración más austera y eficaz.

Con ese estado de cosas, es muy difícil luchar contra el déficit público. Es igual que crezcamos o que estemos con la economía en horas bajas. La tendencia cortoplacista y clientelar de la mayoría de nuestros políticos, la ausencia de controles independientes y rigurosos, siempre favorecerá la existencia de agujeros negros por los que se escape la riqueza del país.