La sociovergencia emerge de nuevo, ¿y en España?

08 de marzo de 2016 (23:00 CET)

La política es dinámica. En los últimos años, además, corre a toda velocidad. En Cataluña, el Govern que preside Carles Puigdemont ha comenzado a interiorizar las grandes dificultades que implica el acuerdo con la CUP. El sucesor de Artur Mas, independentista desde su más tierna infancia, pero un hombre pragmático que insiste en que su cargo es temporal, y que no quiere permanecer en él más de la cuenta, ha comenzado a vislumbrar otros acuerdos posibles. Al lado, tiene al PSC, que permanece en un segundo plano. Miquel Iceta, su primer secretario, escucha con atención. Desde hace varios meses, Iceta aguarda su momento.

¿Es ciencia ficción? No tanto. La política catalana está ahora más conectada que nunca con la política española. El portavoz de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, ha asegurado que la posibilidad de un referéndum en esta legislatura facilitaría mucho las cosas, entre ellas la investidura de Pedro Sánchez. Del contenido de ese referéndum ya se hablaría. Lo que quiere Convergència ahora es salir dignamente del callejón sin salida en el que se adentró, sin solución de continuidad. Para ello necesita gestos, pero los pide con cierta urgencia para poder virar.

Ese caldo de cultivo, con conversaciones cruzadas entre dirigentes del PSOE, del PSC y de Convergència, aunque Sánchez precisa principalmente la abstención de Podemos para poder ser investido, llega en un momento muy interesante: en Girona, una de las zonas más ricas de España, y emblema del independentismo, Convergència ha decidido pactar con el PSC, y dejar a ERC en la oposición. Habrá un equipo de gobierno sociovergente, lo que ha desatado la ira de los republicanos, que se han negado a llegar a acuerdos con CDC en las últimas semanas, lo que ha llevado a la dimisión del alcalde convergente Albert Ballesta.

Las manifestaciones de Esquerra, de su concejal en Girona, Martí Terés, explicitan lo que está ocurriendo, al acusar al Govern, es decir, a Puigdemont, de preferir ese acuerdo con el PSC que lidera una empresaria con arrojo, Silvia Paneque.

De forma apresurada, la portavoz del Govern, Neus Munté, rechazó que las cuestiones locales se puedan trasladar al Parlament. Pero son varios los elementos que confluyen.

En la cámara autonómica Junts pel Sí, donde se integran los diputados de Convergència y de Esquerra, además de los independientes, ha perdido ya diversas votaciones. La primera, tras una proposición no de ley del PSC, sobre Aigües Ter Llobregat, para que pase de nuevo a manos públicas. Junts pel Sí perdió la votación, al no poder contar con la CUP. La segunda, también la semana pasada, por un monumento franquista en Tortosa. Los convergentes votaron en contra de retirarlo, y ERC prefirió abstenerse, rompiendo la unidad de voto del grupo parlamentario.

Tras esa votación, la dirección de Junts pel Sí ha decidido ofrecer libertad de voto a sus diputados en aquellas cuestiones que no se hayan recogido en el programa electoral. Y ello ha dado alas a los diputados independientes, y a los ex socialistas que se integran en el partido Mes, y a los democristianos que forman parte de Demòcrates, ex dirigentes de Unió Democràtica.

¿Qué quiere decir todo ello? Que Junts pel Sí puede ser una obra de corta duración. Y que, a medida que se compliquen las cosas –la votación de los presupuestos, leyes decisivas-- Convergència se verá en la tesitura de cambiar de estrategia.

Por eso lo de Girona no es sólo una cuestión local. En Madrid, Sánchez necesita que los ocho diputados de Convergència se activen para garantizar la estabilidad, y si puede ser también los nueve de Esquerra Republicana. Y Convergència necesita activar al PSC, por si es necesario, algo que los socialistas están deseando, aunque con toda la cautela.

La paradoja es que el PSC, diezmado, muy tocado por el debate soberanista de los últimos tres años, está a punto de gobernar en las cuatro capitales de provincia catalanas. En Girona, ahora con Convergència, y en Barcelona, si prospera el acuerdo con la alcaldesa Ada Colau. En Lleida, Àngel Ros no ha dudado en acercarse a Ciudadanos para gobernar con tranquilidad. Y en Tarragona, su alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha pactado con el PP y Unió Democràtica para garantizarse, también, su estabilidad.

La política catalana es dinámica. Muy dinámica. Veremos qué ocurre en el conjunto de España.