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El caso que afecta a Ignacio González, la operación Lezo, muestra los intentos del poder político por controlar a los fiscales

Jesús Villegas

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en una imagen de archivo. EFE/ED/archivo

Madrid, 02 de mayo de 2017 (12:33 CET)

Cuenta el historiador Plinio que el primer médico que estableció oficialmente consulta en Roma fue un tal Arcagato, emigrante de origen griego al que las autoridades concedieron la ciudadanía permitiéndole allá por el siglo III antes de Cristo abrir una clínica en la vía Acilia. Sin embargo, no tardaron en expulsarlo de la ciudad. Y es que, al facultativo de marras, por su uso generoso de las amputaciones, terminaron apodándolo carnifex, o sea, “el carnicero”.

Por lo menos no le pegaron dos tiros como, según publica la prensa, Ignacio González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, imaginaba que hiciesen con algún juez incómodo. Estupefacta ha quedado la sociedad española al conocer el contenido de las conversaciones supuestamente mantenidas entre altos dirigentes del gobernante Partido Popular, en el curso de las cuales el citado político habría fantaseado con la más expeditiva receta para sus dolencias procesales.

Corren tiempos de cirugía mayor. Sin anestesia. El magistrado de la Audiencia Nacional don Eloy Velasco, motejado por algunos “escorpión”, ha formado un colosal sumario contra la corrupción: la llamada operación “Lezo”. Según han sabido los medios, dicho juez investiga un desfalco que se atribuye a la empresa pública “Canal Isabel II”, dependiente de la Comunidad de Madrid que, durante los mandatos de Ignacio González y Ruiz Gallardón, habría sangrado a los contribuyentes por valor de millones de euros.

Reveladas algunas escuchas telefónicas de los sospechosos, la ciudadanía se ha enterado de cómo se las gastaría el otrora presidente autonómico con las señorías que no son de su agrado.

El juez Velasco, apodado 'escorpión', ha formado un colosal sumario contra la corrupción

¿Esos son los políticos que nos gobiernan?; ¿qué ha hecho el honrado pueblo español para merecer semejante plaga? Si se confirman los indicios procesales, la empresa pública madrileña estaría contaminada por la gangrena de una mafia institucional que se extendería por todo el cuerpo del Estado.

Lo malo es que la infección no se contraería a un cuerpo aislado, sino que el escándalo del Canal Isabel II sería el síntoma de una corrupción sistémica que ha hecho hablar a algunos incluso de una hipotética ilegalización del Partido Popular. Amputación sin contemplaciones, al estilo del deportado facultativo griego. No es de extrañar que algunos quieran aplastar de un pisotón al alacrán togado.

Pero no quedan aquí las cosas. Si son ciertas las transcripciones publicadas, el señor González habría impartido algunas de las lecciones más elocuentes de gobernanza al estilo cosa nostra:

“El apartado del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto”.

La Justicia se les escapa. Aunque los miembros del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano rector de la judicatura, sean elegidos por los parlamentarios, hoy por hoy la investigación criminal permanece dirigida por magistrados independientes, imparciales e inamovibles.

Ese cabo está suelto. Hay, por tanto, que dar el tiro de gracia a Montesquieu, agonizante pero que todavía no tiene la gentileza de morirse. Por eso es fundamental que la investigación criminal pase a manos del Ministerio Público que, como sabemos, directa o indirectamente está ligado en su cúspide al Poder Ejecutivo. Ni que decir tiene que reformarán el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para maquillar el tumefacto órgano enfermo: ampliarán cosméticamente su “autonomía” pero jamás se atreverán a dotar de “independencia” a los fiscales investigadores del delito. El amo político afloja, pero no suelta la soga que amarra al cianótico miembro oprimido.

Hoy por hoy, pese a todo, la investigación criminal la dirigen magistrados independientes

Este es el contexto donde se enmarca la actuación del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, con ocasión de la mentada operación Lezo. Algunos barruntan que pretendía obstaculizar la investigación sobre el Partido Popular, al empecinarse en desvincular los hechos sucedidos durante la presidencia de Ruiz Gallardón de los del periodo de Ignacio González. Sea como fuere, prefirió recular cuando la Junta de Fiscalía, al amparo del artículo 27 del EOMF, se alzó casi por unanimidad contra su criterio.

Según lenguas viperinas, se apresuró poco después a relevar a los fiscales que actualmente se encargan de otro sonado latrocinio, el conocido como caso del “tres por ciento”, esta vez atinente a la malversación que se imputa a algunos prebostes del nacionalismo catalán. No vaya a ser que me vuelvan a montar otra rebelión acudiendo de nuevo a la dichosa junta. Medicina preventiva. Cortemos por lo sano.

Sean o no ciertos tales rumores, lo evidente es que el sistema está mal diseñado.

Tal como escribí en otro artículo en Economía Digital (“Yo me pongo del lado de los jefes”) urge democratizar el Ministerio Público, “desmilitarizándolo”, aplicando la transparencia como remedio. Y a tal efecto es imprescindible dotar a los fiscales de verdadera “independencia”, no de mera “autonomía”, placebo pseudomedicinal al gusto de los políticos-togados.

Por ejemplo, convirtiendo en vinculante el pronunciamiento de la Junta de Fiscalía. No olvidemos que Moix no se atrevió a imponer su decisión personal pero que, con la ley en la mano, gozaba de potestad para hacerlo. O bien, prohibiendo a los superiores que impartan órdenes a los inferiores en cada caso concreto, sin perjuicio de sus instrucciones generales, tal como ya prevé el artículo 465.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los secretarios judiciales.

Se debe dotar a los fiscales de verdadera independencia, no de mera autonomía

Y, sobre todo, consagrando la inamovilidad de los fiscales en la investigación particular que se les haya asignado, con lo que se desvanecerían dudas como las que ahora corroen la credibilidad del citado Moix cuando removió a los responsables del asunto del “tres por ciento”. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado unas bases donde se codifican estas y otras propuestas. Algún día serán norma positiva.

“El problema es la instrucción”, otra frase que le atribuyen al señor González y que pasará a la historia. El bisturí está rozando el corazón podrido de la manzana. Hay que evitarlo como sea. Mientras la investigación criminal siga siendo imparcial, independiente e inamovible, los cirujanos togados continuarán pinchando las bolsas de pus que salpican el enfermo cuerpo del Estado infectado por la impune corrupción política. Es menester, por tanto, que la instrucción se supedite a la política criminal del Gobierno. Mientras la controlen, nada hay que temer del juicio oral, pues las pruebas llegarán precocinadas. Muchos respirarán tranquilos. Eso sí, cubiertos de pústulas.

El problema para el PP es que Velasco es íntegro como una roca

No deja de ser curioso que la operación Lezo deba su nombre a un heroico almirante español, vasco como el mismo magistrado don Eloy, lleno de costurones, mutilado por sus innumerables heridas de guerra. Un “medio-hombre”, como lo llamaban. Este otro, en cambio, está entero, íntegro como una roca. Ese es el problema.

 

Jesús Manuel Villegas Fernández es Magistrado instructor; Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.