21 de mayo de 2016 (21:00 CET)

El Gobierno de Cataluña ha decidido impulsar un pacto nacional por la industria que cuente con el apoyo de los partidos políticos y de los agentes sociales, sindicatos y patronales. Buena noticia. Después de la moda de los años 90 de proclamar la llegada del mesías de la sociedad de servicios, hubo un giro en los gobiernos de izquierda nacionales, en los que nos mostramos abiertamente industrialistas.

Y lo demostramos: con una inyección inédita de dinero a los centros tecnológicos próximos a la industria, con la activación de Avança como impulsora de créditos estratégicos a industrias, con la fusión de los organismos históricos de apoyo a la internacionalización y a la innovación en ACCIÓ con la puesta en marcha de la Ley de política industrial, pactada con los diversos sectores y, sobre todo, con la aprobación por consenso total del Pacto Nacional para la Investigación y la Innovación (PNRI, por sus siglas en catalán).

Creo que el consejero Baiget, con su propuesta, tiene la oportunidad de retomar el hilo estratégico que de forma consensuada se había establecido entre 2004 y 2010. Lamentablemente, este hilo se rompió en el 2011, a pesar de que en buena parte ya era continuador y amplificador de líneas u organismos creados por anteriores gobiernos de centro-derecha como el COPCA, el CIDEM, el organismo de captación de inversiones y la política de clústeres.

La excusa de los recortes necesarios no justifican la deriva que durante algunos años -mínimo dos- tuvo la Generalitat; a diferencia de las políticas de investigación que, con pequeños matices y virajes suaves, ya llevan 16 años de continuidad con gobiernos y consejeros de signo diferente. Y entonces alguien se pregunta por qué en el campo de la investigación triunfamos y en el de la tecnología no.

No me encuentro cómodo, habiendo sido responsable de esta área, hablando como opino hoy. Pero creo que mis aportaciones no tienen que servir como autojustificación, que no necesito, sino con la sincera voluntad de contribuir al bien común. Por eso creo que sería bueno que la comisión de expertos, si existe, que coordine los trabajos de este nuevo pacto, tendría que tener presentes a algunos de los relevantes personajes que participaron tanto en el pacto nacional para la investigación y la innovación, como en la definición de la ley de política industrial. Y obviamente que se tengan en cuenta a aquellos estudios, que por cierto, al menos el PNRI, obligaban a todos quienes los firmaron, incluida CiU. Y patronales, y sindicatos, y universidades que ya figuraban hace ocho años en los acuerdos anteriores.

Está claro que la actuación presupuestaria de la Generalitat, que se puede calificar como de emergencia, no tiene demasiado margen. Pero pueden haber señales de cambio:

1. Un mejor equilibrio de recursos entre la investigación básica y la aplicada.

 2. La exigencia en los procesos curriculares universitarios de añadir la transferencia efectiva de conocimiento al mundo real, y que sea a través de administraciones públicas o empresas privadas, con un nivel de puntuación que lo acerque al que tiene la investigación.

3. El compromiso de las patronales de incorporar doctores e ingenieros a sus empresas.

4. El establecimiento obligatorio de una parte de la enseñanza universitaria dual, como la FP.

5. La obligatoriedad de determinar los objetivos de investigación doctoral en consenso con alguna institución, sea con o sin afán de lucro.

6. La legislación que facilite el flujo de crédito de ahorradores particulares hacia las pymes, pasando por encima de los inútiles bancos.

7. La aceleración de la fusión de los centros tecnológicos avanzados de Tecnio y la satelización autónoma de los centros de segundo y tercer nivel.

8. La especialización de estos en base a los retos marcados por el antiguo PNRI y la más reciente adaptación al RIS3.

9. La potenciación de más clústeres enfocados por objetivos, y no por productos.

10. La introducción de la pedagogía por proyectos a todos los niveles escolares, desde la primaria hasta la universidad, como ya hacen los jesuitas. 

Hasta aquí, creo que pocas de estas medidas tienen un coste económico. Las medidas basadas en contar con más dinero, las podremos tomar en la medida que sindicatos y patronales nos ayuden a emanciparnos de una España en vías de quiebra y que sólo la campana electoral ha evitado que reciba una multa de la CE por el déficit, en la semana en que superaba la deuda del 100% del PIB por primera vez.